La memoria transgresora crea atajos contra la injusticia
Balance procesos judiciales en Argentina
Andrea Benites-Dumont
La memoria transgresora es un atajo contra la injusticia
Por Andrea Benites-Dumont
Y
a poco de iniciarse un nuevo año parecería que se hubieran quemado los
deseos de los primeros minutos… y sin tiempo de balance ni de estrenar
la errada inocencia, estalla una vez más el espectáculo obsceno de
politiquerías, hipocresías, violencia, atropellos…
Así
el recuento de los juicios realizados en el año 2011 en Argentina,
depara unas cifras de cuántos juzgados y tantos condenados. Hay que
agudizar la lectura entre líneas, para encontrar los absueltos, los
prófugos, los muertos, los ingresados en hospitales y clínicas privadas,
los que están en sus casas… y los que están suspendidos y los que están
pendientes de sentencias, y los que tienen permisos de fiestas y de
vacaciones…
En
el anuncio de los juicios que comienzan en este 2012, más allá de los
juramentos demagógicos de aceleración de los mismos, se repite el
análogo esquema procesal: por un número ínfimo de casos a un número
ínfimo de represores, y no por centro clandestino de detención, ni por
fuerza armada… no se amplían los criterios para poder concluir el
proceso suspendido en el tiempo del dolor y de la ausencia, de tal modo
que estos mecanismos judiciales hacen pervivir la continuidad amarga de
la revictimización, en primer lugar de los testigos, de los
sobrevivientes, y después, la de familiares, compañeros, amigos…
El
sistema procesal ha sido acomodado a la funcionalidad de la impunidad.
Según el informe de la Unidad Fiscal, hay en la actualidad 843
procesados, de los cuales 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a
juicio. Otras 141 tienen alguna causa con solicitud de elevación a
juicio. En cuanto a la situación legal, del total de procesados existen
593 cumpliendo condenas y prisiones preventivas. La mitad de estos, está en cárceles comunes y el resto entre dependencias militares, en sus casas, en hospitales, en
residencias y clínicas. Quizás 843 procesados pueda resultar una cifra
impactante, siempre y cuando no se convoque a la memoria los 2.717
represores que fueron denunciados en una primera lista, incompleta, en
1979 (¡!). Asimismo,
varios de los máximos responsables tienen ya entre 80 y 90 años…
difícilmente vayan a la cárcel, y varios de ellos irán directos –e
impunes- a los cementerios… Esta suerte de camino judicial concluirá
por finiquito natural. Mientras los archivos de la dictadura que
encierran todos los atajos justicieros, siguen custodiados por el
gobierno.
Parecería
que lo dicho hasta aquí, que estas palabras, sólo se contienen en el
sur del sur y que se aplican a 35 años de los hechos genocidas, pero sin
embargo encuentran en 75 años en un aquí, en el sur del norte, un eco
disgregado.
Los
juicios calificados de “históricos” y que se recuentan en
supra-instancias, y que acumulan menciones y premios, son utilizados
como comparsas circenses en un mismo espacio y tiempo en que se legisla
una ley antiterrorista que extiende los tiempos verbales de la impunidad
y la represión. Siempre las leyes antiterroristas, con su sólo
enunciado, originan terror, y para tal fin han sido concebidas por los
estados, como elementos contundentes de disuasión, de persecución
estatal. Y ocurre, que el gobierno argentino de los “derechos humanos”
ha establecido una ley antiterrorista que, como tantas, desarrolla y
legitima el poder de la represión. Una ley dirigida a coartar,
demonizar, castigar y penalizar a los luchadores sociales que traspasan
los límites establecidos desde la vacuidad de las consignas y de la
autodenominación mesiánica de la representación popular plasmada en el
aparato gubernamental. Organizaciones, asociaciones y fundaciones
adictas a la Casa Rosada, han intentado disimular con rogatorias de
misales, una aplicación “benigna” de dicha ley. Así, los trabajadores
del subterráneo con el levantamiento de los molinetes (entrada gratuita a
los viajeros) ya son terroristas.
Dentro
de la sucesión de representaciones teatrales, vuelve a ponerse en
primer plano la reivindicación de las islas Malvinas…!!! y en la
declamación demandante de la soberanía, se invoca, en esto sí, a la
Justicia. Utilizando
los fáciles disfraces populistas, se continúa en este año que despunta,
la preservación de las fuerzas represivas como institución, para tirar
de ella si la necesidad apremia.
Es
falsario considerar que pueda existir una situación de derecho en la
que la violencia no tenga expresión alguna. La memoria de las víctimas
conlleva un significado complejo: es la memoria de la presencia
permanente de la violencia, también la del Estado de derecho; es la
memoria de la inaceptabilidad de una violencia instrumental para la
constitución de una nueva situación de derecho; es la memoria que a
pesar de que en condiciones de historia la presencia de la violencia es
inevitable.
La
estructura represiva no fue desmantelada, pero tampoco la económica, la
empresarial, la judicial… la impunidad es entonces un fenómeno natural
que se transita en lo cotidiano. Y lo aparentemente soportable, ampara y
protege y se asienta en un subsuelo putrefacto.