Operación Guateque (recopilación)
Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid
Enviado por otromadrid.org | 03/02/08 - 23:15La comisión de investigación del 'caso Guateque' la presidirá el PPLa oposición rechaza la decisión de los populares por mermar la imparcialidad
La expectación creada en torno a la comisión que investigará el caso Guateque no tuvo ayer, sin embargo, una respuesta equiparable. Los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento -Manuel Cobo (PP), David Lucas (PSOE) y Ángel Pérez (IU)- se reunieron en Junta de Portavoces para decidir cuáles serían las reglas del juego de esa investigación sobre la supuesta red de cobros ilegales por la concesión de licencias municipales, el caso de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid.
Cobo Calleja : "El Gobierno y el Partido Popular no tenemos nada que ocultar"
Tras unos escasos 45 minutos de reunión, el resultado fue el siguiente: la comisión la formarán siete conejales (cuatro del PP, dos del PSOE y uno de IU), y paralizará sus trabajos durante la campaña electoral para las elecciones generales del 9-M. Fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Pero, nada más salir de la Junta, el vicealcalde, Manuel Cobo, ya anunciaba que la comisión de investigación la presidirá un popular (sin dar un nombre) y que la portavocía de su grupo la llevaría Miguel Ángel Villanueva, el concejal de Economía y Empleo.
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El portavoz del grupo socialista, David Lucas, aseguro que el hecho de que la Junta de Portavoces no hubiera acordado ningún otro aspecto de la Comisión, salvo la composición de la misma, y que, antes de conocer otros detalles, el vicealcalde Manuel Cobo avanzara que el presidente será un popular era "un muy mal precedente porque me temo que el PP pretende ejercer el rodillo para decidir quiénes van a comparecer y cómo van a ser las sesiones". Lucas esperaba que la Junta sirviera para determinar los mecanismos de funcionamiento, "pero el PP se ha negado a hablar de ello", dijo.
Desde IU también se criticó la decisión unilateral del PP sobre el presidente de la comisión, aunque su portavoz, Ángel Pérez, se mostró satisfecho de que fueran siete sus miembros "por una cuestión de agilidad y eficacia".
Y, del mismo modo que el PP se negó a dar el nombre de quién será el presidente, en el PSOE decidieron mantener en secreto hasta la semana que viene quiénes serán sus dos concejales. El único caso claro era el de IU que, con un sólo miembro en la comisión, será el propio Pérez el que acuda a las sesiones, que se convocarán, en principio, dos veces por semana pudiéndose producir relevos entre los concejales de cada grupo.
La semana que viene, serán los grupos quienes comuniquen al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, los designados, para mantener una reunión con él en la que precisamente lo primero que se decidirá es quién será el presidente de la comisión. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en empezar cuanto antes.
No obstante, Lucas anunció que pedirá que la presidencia sea para un socialista, algo que es ya "una tradición" instalada en el Ayuntamiento para dar "más objetividad y transparencia" a este tipo de trabajos. Y Cobo insistió en que "el Gobierno y el Grupo Popular no tenemos nada que ocultar".
Lucas le tomó la palabra y reclamó que las sesiones fuesen públicas y que los votos particulares queden reflejados. Los socialistas, como anunciaron el jueves, pedirán las comparecencias de las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente Pilar Martínez y Paz González (ex responsable del área); pero también las de los presidentes de las Juntas de Distrito implicados; de los directores generales, de los gerentes y de los cargos de confianza. Según señaló el propio Lucas, "no están obligadas a comparecer, pero quedarían en evidencia si no lo hacen".
http://www.elpais.es/ 26.01.08
Victoriano Ceballos pedirá un careo con su jefe para aclarar "las contradicciones"
En el exterior de la cárcel de Alcalá Meco coincidieron el pasado miércoles los familiares de dos de los imputados en el caso Guateque, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro. No hablaron. No se miraron. Nada. Y eso que tuvieron ocasiones de sobra, en las más de cuatro horas que coincidieron en el aparcamiento polvoriento que hay justo en la entrada de la prisión.
Ese detalle es muy probablemente una muestra de la tirantez que se ha vivido en las celdas entre dos de los imputados que más han sonado en la trama de las presuntas concesiones de licencias municipales a cambio de dinero. Desde Alcalá Meco, Fernández de Castro escribió una carta en la que calificaba a Ceballos como "el único chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica". Uno y otro salieron distanciados de Alcalá, separados por el tercero de los liberados bajo fianza en esa cárcel, Santiago Castillo.
En medio de ese clima de animadversión entre ambos, José Luis Prada, abogado de Ceballos (presunto cabecilla de la trama de corrupción municipal) avanzó ayer sus intenciones para los próximos días. Según dijo, pedirá una nueva comparecencia de su cliente al juez instructor del caso, el magistrado Santiago Torres. Pero además, dijo, pedirá careos con otros imputados para contrastar las informaciones, como las vertidas por Fernández de Castro, máximo responsable del departamento de Evaluación Ambiental, según informó Europa Press. Prada cree que hay contradicciones en las declaraciones que necesitan aclararse.
"Ahora tenemos conocimiento pleno de la instrucción. Sabemos cosas que antes desconocíamos. Vamos a ir asunto por asunto", aseguró Prada. Además, el abogado de Ceballos justificó la imagen que ofreció su defendido al salir de prisión. Ceballos se tapó la cabeza con una bolsa de plástico y tuvo que ser ayudado por sus familiares para subirse al coche. "Se siente muy presionado por la convulsión personal que está viviendo. Se sintió acorralado. Es una actitud humana", dijo Prada. "De buenas a primeras han metido a mi cliente en un buen follón", añadió el letrado.
En el otro lado de la historia, Javier Iglesias, abogado de Fernández de Castro, declinó rotundo hacer ningún tipo de declaración sobre su cliente ni sobre lo que había dicho previamente el letrado de Ceballos.
Además de Ceballos y Fernández de Castro, el miércoles salieron de las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real otros cuatro imputados tras pagar sus respectivas fianzas, que eran de 60.000 euros para los funcionarios y de 100.000 euros para los empresarios e intermediarios. Quedaron dentro de prisión cuatro acusados, que no pudieron reunir sus fianzas. Finalmente ayer sí lo hicieron y pudieron abandonar los cuatro la cárcel de Soto del Real. Se trata de Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y de los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, según indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias http://www.elpais.es/ 26.01.08
El Ayuntamiento ha recibido 100 denuncias de ciudadanos
La oficina receptora de denuncias relativas al caso Guateque que se abrió el pasado 30 de noviembre bajo la supervisión del vicealcalde, Manuel Cobo, y por orden del juzgado de Instrucción número 32, había recibido hasta el día de ayer 101 denuncias nuevas de ciudadanos. Según los datos facilitados por fuentes del PP, 18 de ellas se han realizado mediante correo electrónico (oficinadedenuncias@munimadrid.es), siete por teléfono (en el 91-5132034) y 76 por correo ordinario.
Todas las denuncias se centralizan en la Asesoría Jurídica del Gabinete de Alcaldía. Y, supuestamente, y según las mismas fuentes, "se analizan, se solicita información a las Juntas de Distrito y/o a las áreas, y se contestan individualmente". Es la asesora jurídica, "que está en contacto permanente con el juzgado", la que realiza esa labor y la que valora y determina "si la denuncia tiene el calado o la enjundia suficiente como para ser remitida al juez", explicaban ayer fuentes del PP.
El PSOE solicitó también ayer que esas denuncias fuesen analizadas en la comisión especial de investigación "ya que, hasta ahora, nadie ha sabido nada al respecto", dijo el portavoz David Lucas. Desde el PP no se facilitó información acerca del contenido de las denuncias ni de cuántas de ellas habían sido remitidas al juez.
http://www.elpais.es/ 26.01.08EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' MANTIENE IMPUTADO A ARMADA
El juez levantó el pasado martes el secreto de sumario del caso Guateque (que investiga la presunta red de cobros ilegales en la concesión de licencias municipales) y esto tiene ya consecuencias. Los 10 encarcelados provisionalmente por orden del juez Santiago Torres en los últimos dos meses podrían irse a casa pagando una fianza a partir de hoy. Así lo pedirá el fiscal del caso, César Estirado. Según fuentes de la fiscalía, si el juez acepta esa petición, los siete funcionarios encarcelados podrían salir de sus celdas si depositaran 60.000 euros. La fianza sería de 100.000 para los empresarios y el intermediario. "Al haberse levantado el secreto de sumario, parte de las justificaciones de prisión pasan a un segundo plano", explicaron en la fiscalía.
La petición, que hoy formalizará el fiscal, se conoció ayer, poco después de que declarara como imputado el viceconsejero de Transportes, Luis Armada. El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003, cuando José María Álvarez del Manzano (PP) era alcalde, defendió su inocencia ante dos licencias otorgadas presuntamente de manera irregular. Armada, ahora alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, tuvo el apoyo del Ejecutivo regional. Para escenificarlo, acudió a los juzgados el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.
Nada más terminar de declarar, Armada reveló las preguntas que le había hecho el juez. Lo hizo en un pasillo del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla, sin la presencia de cámaras, a las que evitó con éxito. "Me ha preguntado por la licencia del hotel Pío XII [denunciado por la Asociación Manos Limpias, un sindicato de la ultraderecha] y por las obras de una cubierta del sótano del edificio en el que vivo [denunciado por Margarita Botija, una particular que pertenece a una asociación de vecinos de Chamartín, muy implicada contra el desarrollo urbanístico del distrito]. Le he dicho al juez que las licencias fueron impecables", relató.
La licencia del hotel Confortel, en la avenida de Pío XII, iba condicionada a otra autorización, para levantar un hospital. Pero éste nunca se construyó. "Se adjudicó con un estudio que detallaba las condiciones de la construcción", defendió Armada. Además, y según la denuncia contra el hoy viceconsejero de Transportes, Armada se habría adjudicado la licencia a sí mismo en el caso de la cubierta del sótano de su casa, un palacete en la calle de la Bola, 9 (Centro). "He entregado toda la documentación al juez", dijo confiado Armada, quien insistió en su inocencia."En absoluto ha habido irregularidades. Ninguna, ni en estas dos licencias ni en las más de 36.000 que tramité", señaló Armada. El ex responsable de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid dijo que no veía detrás ningún interés oscuro: "Esto es algo personal como gerente municipal de Urbanismo que fui. Pero antes de mí también hubo otros gerentes". Tampoco creyó en manos negras el consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, que acudió al juzgado de plaza de Castilla para apoyar a Armada. "¿Intereses perversos? No creo. Más bien debe haber una denuncia de alguien con intereses poco recomendables", dijo, sin aludir a quién se refería. "Pongo la mano en el fuego por Armada", añadió.
Además de al viceconsejero, el juez Torres tomó declaración a otros tres imputados. Uno de ellos fue Óscar Acero, jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Él fue quien firmó el permiso para las obras del sótano de la casa de Armada. A su salida del juzgado, Acero guardó silencio. Los otros dos imputados que comparecieron ante el juez fueron Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente. Tampoco quisieron hacer declaraciones.
El juez Torres dirimirá hoy si decide la libertad con fianza para los 10 encarcelados por el caso Guateque. Si lo hace querrá decir que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, ni de fuga, ni de que se obstaculice a la justicia, los tres supuestos por los que se decide la prisión provisional.
Los encarcelados para los que el fiscal pedirá la libertad con fianza son Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo y el intermediario Santiago Castillo Morales. Estos cuatro fueron detenidos en la primera fase de la Operación Guateque. En la segunda fueron arrestadas otras seis personas, ahora en prisión: Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo. Los últimos encarcelados fueron los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos.
(http://www.elpais.com/, 24/01/08)
La Guateque se extiende por las instituciones del PP
Una cosa más une desde ayer a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Además de la batalla que libraron esta semana por la silla de Rajoy, la ‘operación Guateque' amenaza con perturbar el sueño de ambos dirigentes. Después de remover el ayuntamiento, ayer, por primera vez el escándalo saltó hasta el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Luis Armada, viceconsejero de Transportes de Aguirre, fue imputado por el juez Torres en relación a sus actuaciones cuando era responsable de urbanismo en el consistorio. Tendrá que declarar el próximo miércoles a las doce de la mañana.
Fue una sorpresa para todos menos para el propio Luis Armada. El primer cargo político imputado en relación con la ‘operación Guateque' "esperaba que le citarán". Aunque Armada mantiene que su actuación fue "de correción escrupulosa" y la citación solo responde a su paso por el Ayuntamiento, una imputación judicial implica siempre que existen indicios claros de delito.
Una licencia para sí mismo
Los cargos están relacionados con una licencia de obras concedida por el político para hacer obras de reforma en su propia casa. Aunque el nombre que figura es el de su hijo, el juez considera demostrado que tanto el propietario como quien habitaba en la casa era el propio Luis Armada. También se alteró el firmante. Aunque fue el imputado quién tramitó el permiso, el nombre que aparece es el del jefe de zonas protegidas, Oscar Acero.En la licencia se obvia además la protección que pesa sobre el edificio y que no permite modificar su estructura. Fue por eso por lo que, presuntamente, Armada solicitó licencia para modificar el sótano del edificio. Una vez obtenida la licencia, dichas obras comenzaron en la otra punta del edificio, cubriendo la terraza. Fuentes de la investigación no descartan que los cargos contra Armada sigan creciendo ya que son varias las causas y denuncias que pesan sobre él por sus actuaciones políticas.
Cargo de confianza del PP
Luis Armada ocupó la Gerencia de Urbanismo, un puesto de libre designación, entre 1997 y 2003 bajo los mandatos de José María Álvarez del Manzano. En 2003, después de ser inhabilitado por orden judicial para trabajar en la Gerencia, Esperanza Aguirre lo rescató para su Gobierno y le concedió la viceconsejería de Transportes.Ahora la pelota queda en el tejado de Esperanza Aguirre. Aunque la citación es en calidad de imputado, nadie en la comunidad parecía ayer dispuesto a tomar medidas. Negaban incluso la más mínima preocupación. "Armada es una persona transparente. El 23 se explicará ante el juez y todo quedará aclarado", exponían.
El PSOE, en cambio valoró la noticia como nuevo un salto en el curso de la investigación. Se demuestra según ellos, que la Guateque "tiene un componente urbanístico indudable. Desmintió también la versión del vicealcalde, Manuel Cobo: ahora ya existe vinculación política.
http://www.publico.es/ 19.01.08
Armada, un historial polémicoLuis Armada tiene en su haber un largo historial judicial por actuaciones presumiblemente irregulares o al menos controvertidas, más allá de la licencia que se autoconcedió para la reforma de su palacete familiar, en el número 9 de la madrileña calle de La Bola, que en 2002 le permitió levantar una planta más en un edificio protegido.
Su primer revés fue cuando en diciembre de 2002, siendo ya gerente de Urbanismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que "carecía de cobertura legal" el llamado coeficiente K con el que se grababa a las nuevas edificaciones en el centro de Madrid. Los constructores lo llamaban el impuesto revolucionario: la cuantía se establecía en función de los metros cuadrados del solar, su ubicación, aprovechamiento y otras variables.
Obstáculos a la sentencia
El fallo de la Audiencia, irrecurrible ante el Supremo, obligaba al consistorio a devolver 20 millones de euros cobrados indebidamente a los promotores inmobiliarios que lo habían pagado. Armada, sin embargo, se las ingenió para ponerlo difícil: devolvería el dinero sólo a los afectados que lo reclamaran por vía judicial y obtuvieran una sentencia favorable.
En febrero de 2003, Armada fue condenado a pagar 7.200 euros "por un delito de desobediencia" a la Justicia por el juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. Pese a la sentencia, Armada se negó a la demolición parcial de la Iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Madrid). La condena, además, le inhabilitaba para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.Armada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y en marzo de ese año revocó parte del fallo anterior. La inhabilitación quedaba reducida al desempeño de tareas dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Muy importante debía de ser Armada en la nebulosa inmobiliaria de Madrid, porque el Partido Popular decidió rescatarle ese mismo año. Alberto Ruiz-Gallardón, ya alcalde, aceptó prescindir de él y Esperanza Aguirre le convirtió en viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.Recalificación
A mediados de 2003 fue llamado a declarar como imputado por el entonces titular del juzgado 36 de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, en relación a un convenio urbanístico firmado en 1997 en el que recalificaban como suelo residencial una zona que había destinada a equipamientos.
Entre otros, Grande-Marlaska llamó también a declarar en las mismas condiciones al ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (que en un solo día ganó en esa operación 1,8 millones de euros); al que fue segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid-2012, Ignacio del Río; y a Carlos Pinilla, entonces presidente de la Junta de Compensación.Según comunicó al juez la propia Comunidad de Madrid, esa operación infringía el ordenamiento urbanístico y el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Las diligencias coincidieron con otro episodio judical en el que Armada volvía a ser protagonista. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de anular 28 desarrollos urbanos sobre suelo protegido promovidos por Ignacio del Río, Armada firmó un decreto para consolidar dichos desarrollos urbanos.
De funcionarios a empresarios
El que fue concejal de Urbanismo por el PP entre 1995 y 2003, Ignacio del Río, cambió recientemente su traje de funcionario por el puesto de consejero independiente en el Consejo de Administración del Grupo Vemusa, dedicado a la promoción inmobiliaria, la gestión de campos de golf y el negocio hostelero. El primer reto de Del Río es hacer rentable la inversión de 60 millones de euros en la adquisición de un solar en una zona residencial de Varsovia (Polonia). En ese suelo ha de nacer el residencial AvanGarden, compuesto de 300 viviendas.Paradójicamente no existe incompatibilidad entre haber sido concejal de Urbanismo y ser, a continuación, consejero de una constructora. Sí la hay, sin embargo, entre su profesión de Registrador de la Propiedad, que ejerce en San Fernando (Cádiz) y su nuevo cargo en el Grupo Vemusa. Los "funcionarios públicos retribuidos con arancel", es decir registradores y notarios, están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional.
En su larga etapa como concejal con los gobiernos municipales de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, Del Río tampoco dejó de ejercer como Registrador.
Pero del Río no es el único funcionario del PP que abandona su cargo público en las administraciones madrileñas para dedicarse a los negocios privados de la construcción. Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, dejó su cargo en 2005 para convertirse en vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet. Según declaró en su día el propio Gallardón, el ex concejal le dijo que dejaba su cargo para dedicarse a la arquitectura.
Luis Eduardo Cortés abandonó la Conserjería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. Pese a la intención del gobierno central para reformar la ley que impida a los ex ediles trabajar antes de dos años en empresas relacionadas con el cargo público que hayan desempeñado, lo cierto es que la incompatibilidad brilla por su ausencia
http://www.publico.es/ 19.01.08
Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'Es el 'número dos' de Transportes, Luis Armada.- Estuvo al frente de la gerencia de Urbanismo de la Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003
El actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.
La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según informa la Cadena SER, lo que se investiga es el permiso otorgado cuando Armada estaba al frente de Urbanismo para la construcción de un hotel en el barrio de Chamartín, que estaba vinculada a la construcción de un hospital.
Luis Armada es actualmente viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Ha estado en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. En el pasado ocupó también altos cargos en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto gerente de Urbanismo en la etapa de José María Álvarez del Manzano al frente del Consistorio.
Su firma, en 36.000 licencias
Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, pero ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.
La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.
La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.
http://www.elpais.es/ 18.01.08
"Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.
"Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos"
Varias escuchas del sumario involucran al funcionario con la trama
A cinco meses de su jubilación se ha descubierto la trama de corrupción
Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.
Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.
En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.
En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.
Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.
Victoriano Ceballos. Muy bien.
E. G. ¿Te parece correcto?
V. C. ¡¡Correcto!!
De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.
Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.
En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.
Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.
Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?
J. G. ¿Cómo?
A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.
J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...
A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.
J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?
A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.
El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".
Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.
"Las licencias están paralizadas"
La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.
"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".
La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.
El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.
"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios". http://www.elpais.es/ 14.01.07
Dos empresarios elevan a 10 los encarcelados
Los empresarios Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco han sido los últimos imputados que el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, ha enviado a prisión. Ambos empresarios se encontraban en busca y captura desde el pasado día 27 de diciembre por no haberse presentado ante un requerimiento del juez Torres.
El pasado martes se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Desde allí fueron trasladados a los juzgados de la plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor.
Julián Rubén López y Eduardo Agustino eran los directivos de AC 93 y Agustino Proyectos e Instalaciones, dos de las empresas investigadas por hacer de intermediarias entre los empresarios y los funcionarios que cobraban comisiones por agilizar licencias de locales de ocio.
Admiten pagos
Los últimos encarcelados fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza con la condición de presentarse periódicamente ante el juez. El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de Impacto Medioambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a fin de que agilizara las licencias de sus locales.
El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención. Por eso se encontraban en busca y captura de la justicia. Se trata de la segunda parte de la investigación en el que el juez dilucida el papel de los conseguidores, personas que ponían en contacto a funcionarios y empresarios.
La primera parte se extenderá hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados hasta ahora en la causa, así como las personas que actuaron como intermediarios.
Hasta el momento, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de 10 personas cumplen ya prisión preventiva, entre ellos Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. http://www.elpais.es/ 14.01.07
" Hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables..."Las escuchas realizadas durante cinco meses por la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a raíz de la denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de conversaciones curiosas. La complejidad del sistema de concesión de licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su tramitación.
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Publicado por otromadrid.org | 03/02/08 - 23:15 | 1 Comentarios
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