colectivo irradia
Charla-Presentación del libro "En defensa propia".
Cuándo: Martes 16 de marzo a las 19.00h
Dónde: Traficantes de Sueños. C/Embajadores 35, Local 6, Madrid.
Colabora: colectivo irradia (colectivoirradia@gmail.com)
Presentación
a cargo de su autora Marleni Canales Rubio, presidenta del Consejo
Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones
(CCPICAN) A través de este informe se evidencia la vulneración de los
derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Peruano, pese a
la existencia de una serie de instrumentos internacionales que protegen
a los pueblos originarios.
Este informe se ha elaborado
tomando en cuenta una serie de hechos que demuestran esta trasgresión
de los derechos de los indígenas peruanos, especialmente los sucesos
del 5 de junio en la ciudad de Bagua.
El trabajo tiene como
finalidad invocar al entendimiento de todos los sectores sociales
frente a hechos de violencia que se vienen registrando al interior del
Perú, producto de una serie de políticas que favorecen a las
inversiones foráneas en desmedro de los pueblos indígenas.
En
su primer capítulo, titulado Un Territorio en Disputa, nos presentan
información básica acerca de la Amazonía Peruana, un verdadero
territorio en disputa entre los intereses de las transnacionales
apoyadas por políticas públicas que privilegian sus operaciones por
encima de la propia vida de las comunidades. Además, se hace un
análisis situacional de los pueblos indígenas en el Perú, como se
mueven los círculos de poder en nuestro país; como se toman medidas e
implementan políticas que los afectan sin que se les consulte, pese a
los instrumentos internacionales que los asisten; como es que todo esto
genera un clima insatisfacción que devienen en protestas.
El
segundo capítulo, El Derecho de los Invisibles, es una reflexión de los
instrumentos internacionales y la propia legislación peruana que
protegen a los pueblos originarios. Se hace una valoración de los
avances en ese sentido, en contra posición de los lineamientos
políticos y económicos implementados por el gobierno.
¿En un
Estado sin Pueblos Originarios?, tercer capítulo del libro, el análisis
se centra en las reformas legales que se han dado en los últimos años
en el país, muchas de las cuales se han puesto por encima de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, atentando contra la
soberanía alimentaria del Perú. También se da cuenta como se han dado
otras medidas para tratar de acallar las justas protestas de las
comunidades. Entre esas medidas podemos señalar la militarización de
los territorios y la criminalización del derecho a la protesta.
El cuarto capítulo del libro, La Resistencia, nos da una amplia visión
de los conflictos generados por la defensa de los territorios por parte
de las comunidades ante los intentos de imposición de actividades
extractivitas ajenas a los modelos elegidos por ellos mismos para el
desarrollo de sus localidades. Además, hace un análisis del Convenio
169 de la OIT y lo que dice este instrumento internacional acerca del
tema de la consulta, la protección del medio ambiente, el derecho a la
utilización, administración y conservación del medio ambiente.
Finalmente en el último capítulo, La Política de Tierra Arrasada, se
presenta en detalle lo ocurrido en la zona de Bagua, donde según las
cifras oficiales 34 personas, entre policías y comuneros. A estos
últimos se les pretende responsabilizar de todo lo acontecido el 5 de
junio de 2009 mientras que los responsables políticos no asumen sus
responsabilidades.
Sobre este trabajo han opinado algunas
personalidades como Magdiel Gonzales Ojeda, ex miembro del Tribunal
Constitucional, señalo que el Convenio 169 de la OIT, no requiere de
ninguna regularización en la normativa nacional del Perú, dicho
Convenio una vez adoptado por Estado Peruano se encuentra vigente y
tiene rango de Ley; por lo tanto se debe exigir su cumplimiento y
ejercicio de derecho.
Agregó que en el Perú a lo largo de la
historia a los pueblos indígenas se les ha generado un miedo, porque a
quienes defienden sus derechos se les llama terroristas.
“Hemos vivido engañados durante todo este tiempo sobre la propiedad de
comunidades, las comunidades indígenas no requieren de títulos de
propiedad, ya que son pueblos originarios y por tanto son dueños de sus
territorios”, reiteró.
Por su parte, Mario Palacios Panéz,
presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería (CONACAMI), dijo que el Estado Peruano
desconoce a los 75 pueblos indígenas que existimos en nuestro país.
Palacios indicó que dentro de la vigencia de un Estado uninacional, con
un modelo neoliberal, se desconoce el derecho colectivo y la
participación de los Pueblos Indígenas, por lo tanto viola las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales como el convenio 169 de la
OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas.
“La lucha de los pueblos indígenas es por
la defensa de la Madre Tierra, en defensa de la Vida frente a una
política neoliberal, extractivista y capitalista como la que han
elegido nuestros gobernantes” enfatizó.
El presidente de
CONACAMI reiteró que el país requiere cambios urgentes que no se
solucionan tan solo sembrando árboles, es más bien cuestión de plantear
cambios profundos. “Estados como el Peruano requiere de cambios
estructurales de fondo, de cambio de actitudes, de voluntad política
que demuestre un verdadero cambio para todos y todas”, sentenció.
Finalmente, Marleni Canales, presidenta del CCPICAN, expresó que los
pueblos indígenas son conscientes que el mundo de hoy se desenvuelve
dentro de una gran contradicción o bipolaridad entre quienes reconocen
y promueven la vigencia y aplicación de los derechos humanos y quienes
priorizan la inversión y sus fines lucrativos.
“Por un lado,
nos encontramos luchando por la vigencia, la defensa y el
reconocimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos
indígenas. Por otro, están los grandes capitales transnacionales que
tratan de imponer sus leyes y normas de alcance mundial. Se pone el
derecho de los inversionistas por sobre el de los pueblos, es decir,
por encima de la vida misma. Para ello cuentan con las estructuras
jurídicas de los estados alineados en esta política neoliberal”,
explicó.
“A través del Informe relativo a Bagua observamos
el retrato de una tragedia que se repite con demasiada frecuencia con
las mismas víctimas. La defensa de su territorio es una propuesta
vanguardista, planteando el sumaq kausay o el buen vivir como legado
para la humanidad, los coloca a la cabeza del movimiento internacional
por la protección del planeta Tierra que está amenazado por la
industrialización agresiva, la voracidad de las empresas
multinacionales, la desmedida explotación de los recursos naturales, la
contaminación del agua, suelo, aire y subsuelo” concluyó.
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